El aislamiento en cárceles federales

El aislamiento ocasiona un agravamiento en las condiciones de detención de los detenidos, provocando una afectación a su dignidad como seres humanos. El encierro prolongado afecta la salud, las posibilidades de trabajar, de estudiar  y de desarrollar la personalidad. Además, el aislamiento prolongado contradice explícitamente múltiples directivas y principios contenidos en instrumentos, cartas y documentos internacionales de Derechos Humanos. De acuerdo a la jurisprudencia internacional, el aislamiento prolongado puede configurar tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Especialmente destacable en este sentido es el Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (ver primer pdf al pie)
En los últimos años la PPN viene monitoreando las diversas modalidades de aislamiento que se aplican en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. En especial, en el año 2010 se constituyó un equipo de trabajo conjunto entre el Área de Auditoría de la Procuración y el Observatorio de Cárceles Federales, que diseñó el Proyecto de relevamiento de aislamiento en cárceles federales”. Este equipo de trabajo ha llevado a cabo un relevamiento de las distintas modalidades de aislamiento que se aplican en el SPF, cuyos informes resultantes se encuentran publicados en el Informe Anual 2010 y 2011 del Organismo.
Por una parte, las sanciones de aislamiento son objeto de permanente monitoreo e intervención por parte de la PPN. A los fines de dimensionar y caracterizar en forma global la aplicación de estas modalidades de aislamiento en el S.P.F., se ha creado una “Base de Sanciones”, cuyos resultados pueden ser consultados en los Informes Anuales del Organismo.
Particularmente interesante ha sido el trabajo del Organismo relativo al régimen de Resguardo de la Integridad Física (RIF). En el año 2006 el Procurador emitió la Recomendación Nº 630 al entonces Subsecretario de Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dirigida a que se elaborara y aprobase una reglamentación respecto del régimen de alojamiento para internos con Resguardo de Integridad Física. Recomendación que fue desatendida.
Asimismo, la PPN ha efectuado reiteradas Recomendaciones impugnando los regímenes de sectorización aplicados por el SPF como instrumento de gobierno de determinados pabellones o colectivos de personas detenidas.
En el mes de octubre del año 2010 la PPN interpuso un habeas corpus colectivo correctivo motivado en el aislamiento de 22 horas diarias a que eran sometidos los detenidos con RIF en la Unidad Residencial de Ingreso del CPF I de Ezeiza.
El Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora entendió que se encontraban agravadas las condiciones de detención de los detenidos, por lo que hizo lugar a la acción de hábeas corpus promovida y ordenó a las autoridades del establecimiento que arbitren los medios necesarios para ampliar las horas de esparcimiento y recreación de todo detenido sometido a resguardo físico, con la adopción de un marco regulatorio que así lo prevea (causa 9.881 caratulada “Procuración Penitenciaria de la Nación s/Presentación de habeas corpus”).
Transcurrido un año desde el dictado del fallo, la PPN debió denunciar judicialmente su incumplimiento. En el marco del proceso de ejecución de sentencia, esta Procuración solicitó la fijación de una audiencia a los fines de proponer y consensuar -en el marco de un proceso de diálogo con la autoridad requerida- medidas tendientes a hacer efectiva la sentencia de habeas corpus. En el mes de abril de 2012 Dirección Nacional del SPF manifestó su aceptación a constituir una Mesa de Diálogo.
En el mes de julio de 2012 se constituyó una Mesa de Diálogo integrada por las Partes en el proceso judicial –Procuración Penitenciaria, Servicio Penitenciario Federal y Defensoría General de Nación- junto a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales (Secretaría de DDHH, Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA, CELS, entre otros). Luego de varios meses de trabajo, la Mesa ha concluido la redacción del Protocolo para la implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad. (ver segundo pdf al pie)
Para mayor información, pueden consultarse los capítulos específicos del Informe Anual 2009, Informe Anual 2010 y Informe Anual 2011. (ver tercer pdf al pie)

 

 
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Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.530 al 15/6/17
(Capacidad 11314 según SPF)
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Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 12 de Junio 17 (8 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

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Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2017: al 30 de Mayo 300 

2016: 608
2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

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Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 17 de Abril de 2017: 95 

Alojados en Agote: 41
Alojados en Belgrano: 17
Alojados en San Martín: 37 (V 30 M 7)

 

 

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