Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

En el mes de junio de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT por sus siglas en idioma inglés); aprobado por la Asamblea general de Naciones Unidas en 2003.

Dicho tratado internacional establece un sistema de visitas a lugares de privación de la libertad, sin aviso previo, con la finalidad de prevenir malos tratos y tortura.

Este doble sistema de visitas se encuentra a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, creado por este tratado, y los Mecanismos Nacionales para la Prevención de la Tortura, que cada Estado parte debe reconocer, designar o crear, respetando un conjunto de requisitos mínimos, entre los cuales se destaca el de “independencia funcional”.

En 2008, nuestro organismo hizo pública la “Propuesta de la Procuración Penitenciaria de la Nación para la articulación del Mecanismo Nacional de Prevención del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura”.

En aquel documento la PPN señaló que la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la República Argentina debía resolver de forma virtuosa la integración de diversas agencias e instituciones de control gubernamentales y no gubernamentales, federales y locales. Y proponía un conjunto de criterios para la creación del futuro mecanismo de prevención.

Esas propuestas incluían la “necesidad de crear –mediante una ley federal- un Comité o Consejo coordinador, suficientemente autónomo”, que reuniese las funciones de  fijar  estándares para las visitas y “auditar” el cumplimiento de esos estándares por parte de los distintos mecanismos de prevención; coordinar la actuación de las instituciones que funcionen como partes del mecanismo nacional de prevención, federales y provinciales, estatales y de la sociedad civil. Así como la facultad de dictaminar acerca del cumplimiento por parte de las provincias en la creación de los organismos provinciales de prevención según los criterios pautados por el Protocolo; recomendar a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas o reformas dirigidas a cumplir con los criterios del Protocolo, tanto en la creación como en el funcionamiento de los MNP;  en casos de grave incumplimiento de las obligaciones fijadas por el Protocolo en una jurisdicción, designar a una institución para que temporalmente y con carácter excepcional cumpla tales funciones; ofrecer asistencia técnica y material -con los recursos que anualmente le asigne el Congreso- con el fin de promover la instauración, consolidación y mejoramiento de los MNP; y mantener relaciones con el Subcomité Internacional Para la Prevención de la Tortura.

A esas propuestas se agregaban una expresa manifestación acerca de la necesidad de que las agencias y organismos que integren el Mecanismo Nacional cuenten con garantías suficientes de que su autonomía no será arbitrariamente cercenada  por la autoridad de coordinación. Esas salvaguardas sólo pueden obtenerse a partir del principio de “cogobierno”. Es decir, la principal garantía contra un ejercicio abusivo de la autoridad asignada al Consejo o Comité federal debe ser el derecho de las instituciones integrantes del mecanismo de participar en su integración a través de representantes; en la medida de lo posible en función de categorías de tipo “estamental” que discriminen entre “ONG” y “Mecanismos Locales”.  Y, finalmente, dado que resultaba necesario que el Estado Nacional designase un mecanismo propio (para los lugares de privación de la libertad “nacionales y federales”), análogo a los provinciales, señalábamos que la Procuración Penitenciaria de la Nación era la institución naturalmente llamada a cumplir esa responsabilidad; debido a lo cual correspondía que se la invistiera de ese mandato.

Luego de un extenso y accidentado proceso en el que la PPN tuvo una importante participación (véase informes anuales PPN 2008 a 2013), a finales del año 2012 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.827, mediante la cual se creó el marco jurídico para la conformación y funcionamiento de los mecanismos de prevención de la tortura que deben actuar en nuestro país en el marco del OPCAT.

Dicha ley crea el “Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”; que en sus principales aspectos recoge las propuestas de la PPN; integrando a nuestro organismo como mecanismo de prevención de la tortura en todo lugar de detención dependiente de autoridad nacional y federal; y la incorpora como miembro permanente de sus órganos de gobierno.

Lamentablemente, las instituciones a cargo de dirigir y coordinar ese sistema aún no se han conformado: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (art. 11 inc. “b”) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura (art. 21).

Sin perjuicio de lo cual, la PPN ha venido desempeñado el papel que le corresponde como mecanismo de prevención de la tortura; condición en la cual tuvo una importante participación del quinto y sexto examen periódico de la República Argentina ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.  

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Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 12 de Junio 17 (8 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

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Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2017: al 30 de Mayo 300 

2016: 608
2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

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Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 15 de Diciembre de 2017: 79 

Alojados en Agote: 29
Alojados en Belgrano: 13
Alojados en San Martín: 37 (V 31 M 6)

 

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