Una modificación en la proveeduría de la unidad no debería afectar los precios de los productos adquiridos por los detenidos. Es responsabilidad de la administración penitenciaria garantizar que no existan irregularidades en cuanto al abastecimiento de los internos ni deficiencias respecto a los precios fijados en el medio libre, ya que por encontrarse privados de su libertad, las personas no pierden su calidad de consumidores.