Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

01 de Mayo, 2019.

Como cada 1ro de mayo, la Procuración Penitenciaria remarca la importancia del derecho al trabajo en contexto de encierro como forma de reducir los efectos desestructurantes, promover el desarrollo de capacidades en las personas detenidas y favorecer así su proceso de reinserción social.

El único derecho que debiera perder una persona detenida es su libertad. Sin embargo en contexto de encierro la PPN ha identificado problemáticas estructurales relacionadas con la tortura y malos tratos, fallecimientos, sobrepoblación, falencias en el sistema de salud y también en el acceso a un trabajo remunerado.

En 2010 la tasa de ocupación era de 41 personas por cada 100, cifra que aumentó a 70 de cada 100 para el año 2016. Este incremento en afectaciones laborales y remuneraciones, de todos modos, ha observado retrocesos de distinto alcance desde el año 2013.

Los puestos laborales están caracterizados por ciertas limitaciones formativas. Es decir, las tareas no son calificadas como productivas, situación que sumada a las restricciones remunerativas constituyen para la PPN un déficit en la vigencia de los derechos laborales dentro del sistema penitenciario nacional.

Las tareas laborales que se desarrollan en las prisiones se pueden dividir en tres grupos: por un lado, las actividades de servicio relacionadas con la limpieza de las unidades, la preparación de alimentos para consumo propio y el mantenimiento edilicio que incluye trabajo en huertas y jardines. Las que tienen pretensiones productivas, por ejemplo talleres de carpintería y herrería, zapatería, sastrería y producciones agropecuarias. Por último, actividades productivas orientadas hacia empresas privadas que consisten en talleres tercerizados donde la empresa se encarga de proveer la mercadería y la maquinaria (escasa) necesaria para tareas fuertemente subvaluadas. En todos los casos la administración penitenciaria es la encargada de controlar la producción.

Desde el año 2018, acompañando la crisis presupuestaria observada a nivel nacional, los salarios de las personas detenidas han sufrido drásticos recortes que repercutieron negativamente en sus posibilidades de hacer frente a las necesidades que atraviesan durante su situación de encierro, tanto ellos como su familia. Esas reducciones salariales han sido motivo de especial confrontación judicial por este organismo, al considerarlo un agravamiento en sus condiciones de detención.

La generación de un sistema laboral intramuros que garantice salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas y la incorporación de capacidades productivas útiles para el momento del egreso integran las líneas de trabajo prioritarias para este organismo.