14 de Abril, 2020.

Como respuesta a las solicitudes de la PPN y el Defensor Público Oficial, la Cámara Federal de Casación Penal presentó una acordada con reglas y recomendaciones en el marco de la pandemia de COVID-19.

El pasado 8 de abril el Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo solicitó a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal que tomara las medidas pertinentes ante la emergencia sanitaria y penitenciaria con el objetivo de salvaguardar a las personas privadas de libertad y trabajadores/as del SPF.

Este 13 de abril, la Cámara resolvió responder a través de una acordada en la cual se recomienda dar cumplimiento de las anteriores acordadas dispuestas por la institución (2 y 3) y a instar a los tribunales de la jurisdicción a que adopten medidas alternativas al encierro tales como prisión domiciliaria con el correspondiente monitoreo respecto de:

a) Personas en prisión  preventiva  por  delitos  de escasa  lesividad  o  no violentos,  o  que  no  representen  un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos  en  la  Ley  24390,  en relación  a los  hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso;

b) Personas condenadas por  delitos  no  violentos  que estén próximas a cumplir la pena impuesta;

c) Personas condenadas a  penas de hasta 3 años de prisión;

d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad   asistida,   salidas transitorias o  libertad  condicional, siempre  que  cumplan con los demás requisitos;

e) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;

f) Personas con mayor  riesgo  para  la  salud,  como adultos  mayores, personas  con  discapacidades  que  puedan exponerlas  a  un  mayor  riesgo  de  complicaciones  graves  a causa  del  COVID-19,  y  personas  inmunodeprimidas  o  con condiciones   crónicas   como   enfermedades   coronarias, diabetes,  enfermedad  pulmonar  y    Las  evaluaciones  en cada  caso  deberían  determinar  si  es  posible  proteger  su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo  de  pena  cumplido  y  la  gravedad  del  delito  o  la existencia  de  riesgos procesales  y  el  plazo  de  la detención, para los procesados.

Además, recomendaron a las autoridades penitenciarias el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes en materia sanitaria ante posibles casos de COVID-19.

El documento fue firmado por: Angela E. Ledesma, Presidenta, Gustavo M. Hornos, Alejandro  W.  Slokar,  Ana  María Figueroa (según  su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel A.Petrone, Diego G. Barroetaveña,  Carlos  A.  Mahiques, Juan  Carlos  Gemignani, Liliana E. Catucci (en  disidencia)  y  Javier  Carbajo.

Acordada 09/20 de la Cámara Federal de Casación Penal