26 de Abril, 2020.

Desde hace tiempo, la Procuración Penitenciaria de la Nación solicita a las autoridades competentes que garanticen el derecho a la comunicación e información de todas las personas privadas de su libertad alojadas en cárceles federales.

En orden al reconocimiento de la enfermedad de Coronavirus (COVID-19) como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, a la declaración nacional de Emergencia Pública en Materia Sanitaria, a la disposición de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y las medidas tomadas por las autoridades penitenciarias en materia de visitas y contactos familiares, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, dispuso una serie de recomendaciones sobre el Derecho a la comunicación y en particular, la N°908/PPN.  

En dicho documento, el Procurador Penitenciario de la Nación recomienda a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  que arbitre los medios necesarios para que se regule la tenencia, portación y uso de aparatos de telefonía móvil de las personas detenidas al interior del Servicio Penitenciario Federal, como una medida paliativa mientras duren las restricciones y suspensiones a las visitas por COVID-19. 

Motivan la solicitud, la sanción de sucesivas medidas excepcionales como consecuencia de la pandemia tendientes a regular, limitar y finalmente suspender el derecho de las personas detenidas y sus familiares a mantener jornadas de visitas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios federales. 

Numerosos organismos nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de diseñar medidas alternativas para mitigar los impactos negativos de la incomunicación familiar durante esta emergencia mundial sosteniendo la necesidad de autorizar la tenencia y uso de telefonía móvil por las personas detenidas mientras duren medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cabe mencionar también que recientemente el tribunal de casación penal de Buenos Aires autorizó el uso de telefonía de celular para las personas detenidas en todas las cárceles de la provincia con el fin de mantener los vínculos familiares, durante el período de vigencia de aislamiento social, preventivo y obligatorio.  En contraposición, hasta el momento los tribunales federales no se han pronunciado al respecto. 

Esta incomunicación que padecen actualmente las personas detenidas, motivó a la Asociación de Directores de Cine PCI a realizar un video que refleja y concientiza de manera concreta el sufrimiento que genera la vulneración del derecho a comunicarse con familiares y seres queridos.  La Procuración Penitenciaria agradece el generoso aporte de la Asociación de  Directores de Cine PCI y de su presidente, Benjamín Avila.   Agradecemos también el invalorable aporte de Adriana Lestido y Pedro Speroni por sus imágenes.