22 de Marzo, 2021.

La Procuración Penitenciaria de la Nación publica el primer informe sobre “Monitoreo de régimen de vida y condiciones de alojamiento de los sectores destinados a las mujeres jóvenes adultas del CPF IV de Ezeiza”.

Desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual y el Equipo de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad, - Área Colectivos Vulnerados- se llevó adelante un diagnóstico general del régimen de vida y condiciones de alojamiento de los sectores destinados a las mujeres jóvenes adultas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza.

A partir del trabajo cotidiano de ambos Equipos, sostenido en visitas regulares a las unidades, monitoreos realizados a espacios de alojamiento y relevamientos específicos, se ha podido observar que los y las jóvenes sufren los mayores índices de violencia institucional, sumada a la sistemática vulneración de sus derechos por parte de la administración penitenciaria, con reiteradas prácticas de aislamiento y malos tratos.

Asimismo, en contraposición con lo que establece la Ley 24.660, este colectivo resulta particularmente afectado en cuanto al acceso a la educación, trabajo, salud y vinculación afectiva. Por ello, han merecido una especial atención por parte de la PPN, haciendo visibles las problemáticas que atraviesan y dando cuenta de la ausencia de un abordaje específico para los y las jóvenes adultos.

De acuerdo a ello, desde ambos Equipos surgió la necesidad política e institucional de abordar la situación particular de las Jóvenes Adultas dentro del sistema penitenciario, analizando sus experiencias desde un abordaje interseccional que permita visibilizar la interrelación entre edad y género al momento de abordar su situación de vulnerabilidad. El relevamiento fue realizado en el marco del actual contexto de pandemia, por lo que dentro de sus objetivos también buscó identificar cuáles eran las dificultades y obstáculos que debieron enfrentar en el marco de la misma.

Finalmente, el presente diagnóstico resulta un insumo relevante para continuar profundizando en la protección de los derechos humanos de las mujeres más jóvenes encarceladas que nos permita reflexionar en políticas públicas más eficaces que incorporen la perspectiva de género y diversidad.