22 de Junio, 2021.

Se realizó la séptima jornada virtual de trabajo entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

El jueves 17 de junio se llevó adelante la última reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para analizar la posibilidad de confeccionar estrategias de trabajo que puedan disminuir el aislamiento en contexto de encierro, problemática que se visibiliza en ambos países.

Se resolvieron los parámetros para definir una próxima publicación sobre los resultados del proyecto “Fortalecimiento de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad” y la confección de un protocolo de acción.

Estos dos productos se entregarán tanto a la Cancillería Argentina como a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). A su vez se pondrá en marcha el protocolo en cada institución con la finalidad de detectar prácticas de aislamiento.

Esta actividad que se realiza desde febrero de forma quincenal y cuyas jornadas teóricas y prácticas fueron desarrolladas durante el 2018/2020, sirvieron para aunar esfuerzos con diferentes perspectivas para abordar una problemática carcelaria que les es habitual encontrar en sendos países. También posibilitó repensar estrategias y actualizarlas conforme tanto a estándares internacionales como a nuevos escenarios sanitarios, políticos, sociales y económicos como fue la pandemia

Participaron en esta oportunidad en representación del INDH, la Coordinadora de Denuncias, Marlenne Velásquez. Estuvieron presentes por la PPN, la directora general de Protección de Derechos Humanos de la PPN, Andrea Triolo; la directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclús; la asesora del Área de Auditoria de Unidades Penitenciarias, Soledad Ballesteros; y la asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, Julieta Reyes.

La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile trabajan conjuntamente desde el año 2016 en la búsqueda de contribuir al desarrollo de capacidades técnicas para ambas instituciones vinculadas a las condiciones de detención en sistemas penitenciarios para promover buenas prácticas en la protección y prevención de los derechos humanos.