28 de Mayo, 2014.

La Procuración Penitenciaria de la Nación insistió en su Recomendación Nº 807/PPN/13 y pidió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Ministro del  Interior evaluar la creación un programa inter-jurisdiccional para la documentación de las personas en contexto de encierro.

Las situaciones irregulares continúan presentándose en gran número y, en los hechos, postergan el acceso a derechos de las personas detenidas sin documento, como votar, afianzar lazos familiares o reinsertarse al egreso.

La PPN reconoce los avances introducidos progresivamente por ambos ministerios para la documentación de las personas privadas de libertad y que hoy en día facilitan las tramitaciones de los DNI de muchas personas. No obstante, debe destacar que persisten circunstancias que evidencian la necesidad de una intervención complementaria en la materia, en especial a favor de los sectores más postergados.  

La identificación de los ciudadanos sin documento nacional de identidad es una responsabilidad compartida entre Nación y las provincias, pues necesariamente debe combinarse la información que existe en los registros provinciales, en ocasiones, sumada a la de hospitales de todo nivel, y en el Registro Nacional de las Personas. Por ello, los actores estatales involucrados deben establecer una articulación federal más activa que garantice el efectivo registro de la población.

Hoy, todavía aparecen casos de personas que han agotado una condena penal, pero que, incluso a pesar de ello, carecen de DNI. La Procuración, por tal motivo, instó nuevamente a la vinculación institucional entre las diversas jurisdicciones como única herramienta de intervención eficaz para abordar de modo efectivo la problemática de la documentación de las personas privadas de libertad.