15 de Julio, 2014.

El pasado 8 de julio la Procuración Penitenciaria de la Nación participó de la cuarta mesa de diálogo convocada por el Juzgado Federal nro. 1 de Resistencia, Chaco, en el marco de un hábeas corpus colectivo interpuesto a favor de la totalidad de las personas privadas de su libertad alojadas en la Prisión Regional del Norte –en adelante, Unidad 7- a raíz de las graves condiciones de detención que padecen.

Dicha mesa se encuentra compuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Provincial contra la Tortura de la provincia de Chaco, el Ministerio Público Fiscal –Fiscales Federales de Chaco y Procuraduría de Violencia Institucional-, la Defensoría General de la Nación –Defensores Federales de Chaco y Comisión de Cárceles- y el Servicio Penitenciario Federal.

En esta oportunidad comparecieron ante el Dr. Hugo Daniel Haedo -Juez Federal Subrogante- y Secretaria autorizante, Dra. Estela Nancy Marinich, el Defensor Público Oficial D. Gonzalo Javier Molina, por parte del Ministerio Público Fiscal el Fiscal Federal Patricio Nicolás Sabadini y el Secretario Dr. Marcelo Burella Acevedo, por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación el Dr. Ariel Cejas Meliare, Director General de Protección de Derechos Humanos, Oscar Zacoutegui, Delegado del NEA y la Dra. Carolina Villella de la Dirección Legal y Contencioso Penal, por otra parte, el Dr. Marcelo Churin, Secretario de Seguridad de la Provincia de Chaco y el Dr. Urturi. En el carácter de autoridad requerida el Director de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, Prefecto Héctor Retamozo con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Elizabeth Wahnish.

En el transcurso de las audiencias realizadas se han denunciado los altos índices de violencia registrados en la Unidad 7 y la sistemática violación de los derechos humanos. De acuerdo a las medidas sugeridas por las partes y luego de haberse acreditado los hechos de violencia que ocurren durante el transcurso de los procedimientos de requisa, entre los cuales se citó el caso de un interno quien perdió la visión de un ojo, en el transcurso de las audiencias realizadas el Juez Federal Carlos Rubén Skidelsky ha ordenado la suspensión del uso de escopetas, salvo que fuera estrictamente necesario para el caso de extrema violencia, limitado el ingreso un sólo escopetero durante los procedimientos de requisas de rutina, con el deber de estar debidamente identificado en acta, la utilización de armas de menor cuantía de poder de fuego y el deber del Director de la Unidad 7 de informar de manera inmediata la existencia de hechos violentos a las partes de las mesa de diálogo. En la misma línea, se dispuso que los internos puedan disponer de sus efectos personales, previa realización de los procedimientos de la requisa.           

En otro sentido, cabe destacar que se ordenó el cese del uso de celdas secas del pabellón de castigo y hasta tanto se construya los sanitarios necesarios que se distribuya a los internos en otros pabellones. Como método frente a la violencia entre internos se determinó el deber de que previo a ser alojados en un pabellón, se les exhiba la lista de alojados de cada pabellón, lo cual se debe acreditar mediante un acta que deben firmar luego de la exhibición.

Luego de verificarse que de un total de 328 internos (actualmente la cifra es de 318 alojados), 150 son provenientes de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los cuales y a su vez, 82 nunca han recibido visitas por la lejanía de sus familiares, frente a la petición de las partes en virtud del desarraigo que produce y la vulneración del derecho al mantenimiento de los vínculos familiares, el juez interviniente decretó la prohibición de realizar traslados de detenidos cuyo domicilio se encuentre a más de 500 km. de distancia de la unidad penitenciaria. En adición, fijó el cupo en 318 internos hasta tanto se determine el verdadero cupo del penal mediante un peritaje que se realizará a tal efecto –de acuerdo a las condiciones reales existentes para que se garantice el resguardo físico y psíquico de los alojados en la unidad penal en cuestión, así como las condiciones dignas de vida (actividades culturales y recreativas, acceso a sanitarios, recreación, iluminación, ventilación, espacio personal y común, etc.)-. En oposición al espíritu de la mesa de diálogo y su reglamento, dicha resolución ha sido apelada por el Servicio Penitenciario Federal, recurso que será resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

A  raíz de la denuncia a favor de las personas que se encuentran alojadas en el Departamento de Drogas Peligrosas de la misma ciudad quienes también se encontraban bajo condiciones infrahumanas, en esta ocasión, participó el Secretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chaco, Dr. Marcelo Churin, quien informó que se han comenzado obras de refacción en el departamento, cuya primera etapa del plan se estima culminará a fines del presente año.

Asimismo, reconoció la situación descripta por esta PPN y el Fiscal Federal respecto a las condiciones edilicias y de régimen bajo el cual se encuentran las personas allí detenidas entre las que se mencionó el deplorable estado del baño, iluminación y ventilación, así como de falta de espacio físico y régimen totalmente estricto al que son sometidos los detenidos, habiéndose constatado que en el termino de seis meses únicamente han tenido acceso una o dos veces a un patio y el acceso limitado a alimentos y visitas. Sobre estos puntos se dispuso librar un oficio dirigido al Sr. Secretario para que se concreten las refacciones de manera urgente.

La próxima audiencia se realizará el próximo 7 de agosto del año en curso, habiendo establecido el Dr. Hugo Daniel Haedo – Juez Federal Subrogante- la necesidad de contar con la presencia del Director Nacional del SPF, entre otros fines para que informe el estado de la evaluación para la implementación de métodos alternativos para suplantar el uso de armas por parte de la Unidad 7.