09 de Mayo, 2024.
La PPN envió un documento con propuestas al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) para la Recomendación/Observación General Conjunta sobre las obligaciones de los Estados Partes sobre Políticas Públicas Integrales para abordar y erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de las personas migrantes, sus familias y otros no-ciudadanos afectados por la discriminación.
En el marco de la elaboración de la Observación/Recomendación General Conjunta sobre los deberes de los Estados Parte en materia de Políticas Públicas Integrales para abordar y erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de las personas migrantes y otros no-ciudadanos afectados por la discriminación racial, los CMW y CERD hicieron un llamado a contribuciones de distintos actores para colaborar en su producción.
En ese sentido, la PPN presentó un documento con propuestas a ambos Comités, en relación con las personas extranjeras detenidas, que puedan contribuir a la redacción del instrumento internacional. Tres puntos fueron destacados por este organismo como esenciales para la elaboración de políticas públicas tendientes a prevenir y erradicar la xenofobia y el racismo en las cárceles.
El primer punto desarrollado se vincula con la falta de producción de datos públicos de personas extranjeras detenidas. Por un lado, la PPN pone de relieve hace mucho tiempo que el Estado argentino no cuenta con información y datos públicos sobre las expulsiones y retenciones de personas migrantes que se practican en el marco de la aplicación de los artículos 64 y 70, respectivamente, de la Ley Nacional de Migraciones Nº25.871. Por otro, la falta de datos y variables invisibiliza las problemáticas que atraviesan las personas migrantes detenidas en el territorio argentino, a la vez de que anula la posibilidad de identificar cuestiones vinculadas con el racismo y la xenofobia. Dificultad que también se encuentra para saber si las políticas públicas existentes abordan integralmente las problemáticas, que a su vez anula la posibilidad de nuevas propuestas.
Otro de los puntos destacados en la propuesta fue el rol central de los mecanismos de control externo. Se resaltó la necesidad de que, en todos los centros de detención, por cuestiones migratorias o por causa judicial, se permita el ingreso de organismos de control externo con amplias facultades para investigar y registrar violaciones a los derechos humanos. Otra forma en la que los organismos externos juegan un rol central es en la capacitación y formación de otros actores intervinientes en la privación de libertad, ya que los organismos de derechos humanos otorgarían una perspectiva relacionada con la prevención de todas las formas de discriminación, incluyendo aquellas que derivan en tortura y malos tratos.
En ese orden de ideas, se recomendó que una política pública integral debe también fomentar la cooperación entre distintos organismos que tienen competencia territorial distinta y también sobre diferentes materias con impacto en la situación de detención. Se mencionaron como ejemplos el convenio de colaboración de la PPN con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y la buena práctica adoptada por los Estados, incluyendo al argentino, en la incorporación del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), a partir de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por último, se resaltó la importancia de la capacitación y formación a los agentes de custodia acerca de la prevención y erradicación de la discriminación. Al mismo tiempo que el fomento de la concientización de la población en general, quienes compartirán alojamiento con personas migrantes detenidas. A partir del relevamiento de las condiciones de detención, se indicó la necesidad de que los agentes de custodia, que son quienes tienen contacto directo y diario con personas migrantes, estén capacitados acerca de la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación. Estas capacitaciones podrían contribuir a la prevención de esta problemática y de conflictos entre la población, con el apoyo de expertos u organizaciones que se dediquen a esta temática.
Para la PPN, como organismo de protección de los derechos humanos de las personas detenidas, resulta primordial que el Estado cuente con políticas púbicas tendientes a prevenir y erradicar la discriminación basada en nacionalidad u origen racial de las personas migrantes detenidas. Nuestra tarea y compromiso como mecanismo de prevención de la Tortura es conocer la realidad que viven las personas privadas de libertad con una perspectiva de derechos humanos, identificar las causas sistémicas de las vulneraciones de sus derechos y trabajar para producir cambios en las condiciones y las prácticas del encierro. De esta forma se generará una reducción real del sufrimiento humano y un mayor acceso a sus derechos por parte de las personas privadas de la libertad, contribuyendo de ese modo a una sociedad más justa y a un estado más democrático.