19 de Octubre, 2020.
La Procuración Penitenciaria de la Nación presenta el sexto informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento expone el “amesetamiento” en el descenso de la población encarcelada y la estabilización de los nuevos contagios por COVID. Además, se alerta sobre el continuo aumento de las personas alojadas en centros de detención dependientes de la Policía de la Ciudad.
En el mes de agosto, manteniéndose la tendencia evidenciada durante julio, el ritmo de los egresos en el SPF en general y los arrestos domiciliarios en particular continuó su desaceleración. En agosto se registró la concesión de 37 arrestos domiciliarios a personas que integran los grupos de riesgo frente al COVID.
Este fenómeno, junto con las restricciones al ingreso de nuevas personas, provocó que las cifras de población alojada apenas se hayan modificado respecto del mes anterior. Pese a ello, una gran cantidad de personas continúan detenidas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. El alojamiento en estos centros no penitenciarios es una variable que no ha dejado de crecer desde la declaración de la emergencia sanitaria y para el mes de septiembre son 417 personas las que se encuentran en estas condiciones.
Al computar a este grupo, se observa que, a pesar del contexto de pandemia y la falta de cupos en el SPF, nuevamente se estaría produciendo un incremento de la población privada de su libertad.
Frente a ello, esta PPN sostiene que el encarcelamiento es un recurso limitado y recuerda que es ilegítimo sobrepasar el cupo de alojamiento disponible en los establecimientos penitenciarios debido a las vulneraciones de derechos humanos que produce y las obstaculizaciones que impone a la propia finalidad de la pena privativa de libertad. Los jueces deberían evaluar en cada caso concreto la necesidad del encierro carcelario y la posibilidad de disponer otras medidas penales o de custodia, y solo recurrir al encarcelamiento ante los casos más graves.
Además, el reporte muestra que en el mes de septiembre y los primeros días de octubre, los datos de contagios se encuentran relativamente estabilizados. No obstante, la pandemia está lejos de haber finalizado y es de suma necesidad continuar manteniendo todas las medidas de cuidado y cumpliendo con los protocolos sanitarios previstos.
Tal como ocurre desde la declaración de la emergencia sanitaria, las distintas cárceles que componen el sistema federal han sido monitoreadas por los equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación mediante comunicaciones telefónicas, pedidos de información, visitas territoriales estratégicas e intervenciones judiciales. Con los resultantes de estas acciones y la información publicada por el SPF, el Equipo de Estadística y Bases de Datos de la PPN ha elaborado este nuevo reporte estadístico para actualizar, ampliar y visibilizar las diversas dimensiones significativas acerca de lo que ha ocurrido, principalmente en las cárceles federales, transcurridos siete meses de emergencia sanitaria.