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08 de Junio, 2020.

La Procuración Penitenciaria de la Nación presenta el segundo informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento indica los motivos del relativo descenso de la población privada de libertad y contabiliza 35 casos positivos al cierre del mismo.

El ingreso del COVID-19 a las prisiones y otros espacios de encierro constituye un enorme riesgo sanitario debido a que se trata de espacios en donde las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social son de difícil cumplimiento. El hacinamiento y las deficitarias condiciones materiales, higiénicas y sanitarias son características estructurales de las cárceles latinoamericanas, lo que fue alertado por diversos organismos internacionales emitieron recomendaciones para reducir los niveles de sobreocupación y evitar el contagio masivo en estos espacios.

Mientras que en otros países la reducción de la población encarcelada fue consecuencia de la intervención de los distintos poderes del estado, en Argentina la decisión sobre el egreso de personas del sistema penitenciario quedó en manos del Poder Judicial. En la jurisdicción federal, las superintendencias judiciales emitieron recomendaciones orientadas a la revisión de las prisiones preventivas y/o las condenas a penas de prisión a las personas que integran los grupos de riesgo, así como el reemplazo de su encierro por modalidades alternativas a la prisión.

En este contexto, desde la declaración de la emergencia sanitaria en Argentina hasta la actualidad, se produjo un relativo descenso de la población privada de libertad en las unidades federales. Ello fue el resultado de la combinación de varios factores entre los que se destacan, por un lado, la reducción de los nuevos ingresos debido a las resoluciones penitenciarias que así lo prohíben respecto de las alcaídías, -que funcionan como la puerta de entrada al SPF y que produjo un aumento de la cantidad de personas y del tiempo de permanencia en comisarías y otros centros de detención no penitenciario-. En segundo lugar, debido al selectivo aumento de los egresos de personas que componen los grupos de riesgo y/o que se encontraban detenidas por delitos de escala o nula violencia.

Desde el comienzo de la pandemia, el sistema federal ha sido permanentemente monitoreado por los distintos equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. A partir de la información resultante de este trabajo y los datos publicados por el SPF, el Equipo de Estadística y Bases de Datos de la PPN ha elaborado un nuevo reporte estadístico para actualizar y ampliar la información sobre diversas dimensiones significativas acerca de lo que ha ocurrido en las cárceles federales a lo largo de los dos meses y medios de emergencia sanitaria.

Los datos más relevantes señalan que hasta fines de abril habían egresado 1442 personas, de las cuales 540 lo hicieron mediante la concesión de arrestos domiciliarios que, en la mayoría de los casos, sustituyeron el encierro de quienes se encontraban privados de libertad acusados/as y/o condenados/as por delitos de drogas. El impacto de la reducción del encarcelamiento fue mayor en algunos colectivos vulnerables en particular, como el caso de las mujeres, en particular las embarazadas.

Las tempranas medidas adoptadas para reducir el hacinamiento y evitar la circulación masiva del virus no fueron suficientes para evitar el contagio de las personas presas en el sistema federal. Al momento de publicación de este informe, la PPN había confirmado 35 casos positivos al interior de prisiones del SPF, las alcaidías de la Policía de la Ciudad y los institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires.

Se torna urgente que en esta situación se continúe trabajando en línea con las acordadas emitidas por la Justicia Federal y Nacional y las recomendaciones internacionales para evitar una catástrofe sanitaria en contextos de encierro.

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