31 de Enero, 2022.
El Departamento de Investigaciones de la PPN publicó un nuevo informe con datos sobre las detenciones policiales-judiciales de personas que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad durante el tercer trimestre de 2021.
El documento titulado “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad – julio a septiembre 2021” sistematiza información a partir de fuentes secundarias –en este caso, listados enviados por la Mesa Operativa de la División Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad.
El informe fue producido en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de la información estadística a partir de fuentes secundarias del Departamento de Investigaciones de la PPN con la colaboración del Área Centros de Detención No Penitenciarios, que gestiona los listados de información administrativa elaborados por la agencia policial".
El documento contabiliza la cantidad de detenciones, registra su distribución según comunas, informa los motivos de las detenciones y caracteriza tanto a la población detenida como a los espacios de alojamiento.
Durante el tercer trimestre de 2021 se registraron 4.364 detenciones, un promedio de 47,4 detenciones por día. Las Comunas 1, 3, 4, 7 y 14 concentraron más del
55% del total de detenciones con alojamiento, siendo la que más casos registró la Comuna 1, con 812 detenciones.
Un 90,8 % de las personas detenidas fueron varones, en tanto que el 8,8 % fueron mujeres y en un 0,4% personas travesti-trans.
En el tercer trimestre de 2021 se profundizó el proceso de mantener a las personas detenidas alojadas en dependencias de fuerzas policiales y de seguridad provinciales, federales y de la CABA, debido a la restricción del ingreso al SPF.
Esta situación, iniciada en marzo de 2020, aunque justificada por la pandemia del COVID-19, resulta notoriamente inadmisible en un contexto de reducción de las restricciones sanitarias ya que vulnera –aún más que el sistema penitenciario– los derechos más básicos de las personas detenidas.