Martes 17 de septiembre, 2013.
La prevención y el tratamiento de los hechos violentos producidos con participación de adolescentes causan enorme perplejidad a la sociedad en su conjunto. El tema ha regresado ahora a la atención general —tal vez con algo más de urgencia electoral que de genuina propuesta— y exige el aporte de quienes debemos ofrecer información fundada al debate.
Entre otros lugares comunes, se volvió a cargar las tintas sobre la responsabilidad penal de los chicos de 14 años, aunque sin mención alguna a lo que efectivamente hacemos ya con los chicos de 16 años que son efectivamente castigados hoy. Empecemos por ese extremo del asunto, entonces, por lo que ya conocemos y podemos mostrar. La Procuración Penitenciaria de la Nación verifica en forma habitual la situación de los jóvenes alojados en el Servicio Penitenciario Federal, entre ellos los penados por delitos cometidos cuando tenían entre 16 y 18 años. Su realidad exige abandonar de cuajo la liviana panacea de ampliar el universo penal.
El grueso de los jóvenes condenados son varones pobres, con dificultades familiares y un largo historial en fallidas instituciones estatales. Vivían en situación de vulnerabilidad y tenían y mantienen serios problemas de adicción. Están alojamos en pabellones superpoblados, parcialmente controlados por el más fuerte de cada sector que replican la fragmentación social y violencia del afuera previo. El mayor porcentual de las denuncias recibidas en la Procuración por tortura durante este 2013, por cierto, corresponde, sin sorpresas, al establecimiento de jóvenes.
Frente a ello, y sin negar la conflictividad propia del delito juvenil, solo podemos denunciar la calidad de nuestra repuesta estatal actual. Argentina acaba de ser condenada por la exagerada dureza de las condenas impuestas a jóvenes, que además están sometidos a violencia física recurrente. La demanda educativa no está satisfecha, ni en cantidad ni en calidad y los jóvenes presos son sistemáticamente relegados en acciones de estímulo como el plan Conectar Igualdad. Los programas para superar adicciones están desbordados, faltan aulas, su gimnasio se anega los días de lluvia. En suma, la resocialización prometida es una quimera y apenas si aislamos por un tiempo a los jóvenes declarados problemáticos.
Esta realidad solo permite rechazar cualquier ampliación de universo penal y el sinsentido de afirmar que únicamente el proceso penal puede ofrecer garantías y mejorar el tratamiento de los casos de muchachos menores de 16. No hay forma de cambiar para bien copiando o emulando lo que ya estamos haciendo de un modo desastroso. Y no hay promesa de cambio a futuro creíble si quien la formula no hace algo por cambiar ya el trato que el Estado da a los jóvenes presos de hoy.